El pasado 29 de octubre de 2024, el Consejo de Ministros aprobó la Propuesta de Ley sobre Información Empresarial de Sostenibilidad, un paso decisivo en la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva sobre Información Corporativa de Sostenibilidad (CSRD, por sus siglas en inglés). Esta directiva de la Unión Europea, adoptada en 2022, establece un marco más riguroso y ambicioso para la presentación de informes de sostenibilidad por parte de las empresas, marcando un antes y un después en la transparencia y la responsabilidad corporativa.
El texto de la propuesta de ley, que ahora está pendiente de su debate y aprobación en las Cortes Generales, representa un hito en la estrategia nacional para cumplir con los objetivos europeos en materia de sostenibilidad. La CSRD exige que las empresas no sólo informen sobre aspectos financieros, sino también sobre su impacto ambiental, social y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), alineándose con los estándares de la Taxonomía de la UE y los Estándares Europeos de Información de Sostenibilidad (ESRS).
¿Qué implica para las empresas?
La transposición de la CSRD afectará a un mayor número de empresas que las regulaciones previas, como la Directiva de Información No Financiera (NFRD). Según la propuesta, las obligaciones de reporte se extenderán gradualmente a:
Grandes empresas que cumplan al menos dos de los siguientes criterios: más de 250 empleados, un volumen de negocios superior a 40 millones de euros, o activos totales superiores a 20 millones de euros.
Pequeñas y medianas empresas (PYMES) cotizadas, aunque con requisitos simplificados y un plazo adicional para cumplir.
Empresas no europeas que operen en la UE y generen ingresos superiores a 150 millones de euros.
Además, las empresas deberán garantizar que la información presentada sea verificada por auditores o revisores independientes, fomentando la fiabilidad y la comparabilidad de los datos.
Objetivos clave
La propuesta busca promover la transparencia corporativa y facilitar la transición hacia una economía más sostenible y competitiva. Al proporcionar información estandarizada y relevante, se pretende empoderar a inversores, consumidores y otras partes interesadas para tomar decisiones más informadas. Además, esta normativa refuerza el compromiso de España con los objetivos climáticos y sociales de la Unión Europea, como los establecidos en el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Próximos pasos
El texto legislativo debe superar el proceso parlamentario antes de su aprobación definitiva. Una vez entre en vigor, las empresas afectadas deberán adaptarse rápidamente a los nuevos requisitos, ya que las primeras obligaciones de reporte podrían entrar en vigor a partir del ejercicio fiscal 2025 para grandes empresas.
Conclusión
La transposición de la CSRD al marco legal español es una señal clara de la creciente importancia de la sostenibilidad en el mundo empresarial. Aunque el camino hacia su implementación completa plantea desafíos para las empresas, también abre la puerta a nuevas oportunidades para quienes lideren con transparencia y compromiso en esta nueva era de información corporativa.
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